Sobre la libertad de expresión

Sobre la libertad de expresión

Autor: José Rafael Rich Ruiz.

Mi vocación docente en el ámbito de los derechos constitucionales me tiene alerta sobre las sentencias que nuestro Tribunal Constitucional o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dedica a la defensa de tales derechos.

Recientemente, el 9 de marzo de 2021, el TEDH ha dictado la Sentencia Benítez Moriana e Iñigo Fernández contra España, con ocasión de ciertos calificativos que los demandantes, pertenecientes a un grupo ecologista, dedicaron a la jueza de lo contencioso-administrativo que fallo a favor de una empresa minera (WBB) que recurrió contra la denegación del Ayuntamiento de Aguilar del Alfambra (Teruel) de una licencia para la explotación minera en dicho término municipal.

Los ecologistas calificaban a la jueza, en la sección de “Cartas al Director” de el Diario de Teruel, de falta de rigor y seriedad en su actuación, incompetente, ignorante y tildaban su actuación de parcial e injusta. Dichos calificativos hicieron que se iniciaran actuaciones penales, de oficio por el Ministerio Fiscal, por considerar que las mismas constituían un delito de injurias graves con publicidad. Dicha calificación tuvo favorable acogida por el Juzgado de lo Penal y la Audiencia Provincial de Teruel que condenaron a los ecologistas a una multa de 2.400 euros cada uno, con privación de libertad en caso de impago, a la publicación de la sentencia en el Diario de Teruel y a una indemnización por daños morales a la jueza por valor de 3.000 euros.

Los condenados fueron al Tribunal Constitucional invocando el amparo por vulneración del art. 20 CE, en que se recoge la libertad de expresión, pero el Tribunal, pese a que el Ministerio Fiscal solicitó la concesión del mismo, lo denegó alegando que dicho derecho np incluye el “derecho a insultar” y destacando la especial situación en que se encuentran los jueces, cuyo descrédito profesional influye necesariamente en la confianza en la Justicia.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al que se dirigieron los condenados, considera, sin embargo, que se ha producido una injerencia ilegítima en el derecho de libertad de expresión de los demandantes pues considera que en estos supuestos medioambientales, de relevancia local, las ONG desempeñan un papel de “perro guardián” (public watchdog) asimilable a la prensa, lo que conlleva una protección reforzada de este derecho y la reducción del margen de apreciación de los tribunales.

Pese a la protección que la Judicatura merece, sigue diciendo el Tribunal, ello no puede conllevar la prohibición de la crítica a su actuación por parte de los individuos, máxime, cuando la pena impuesta no es la “mas leve” sino que puede conllevar, en su caso, la privación de libertad, lo que conlleva un efecto disuasorio (chilling effect) en la ciudadanía.

Por tanto, el Tribunal condena a España por vulneración del art. 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y reconoce a los demandados el derecho a ser indemnizados por daños pecuniarios y morales y a las costas y expensas judiciales.

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