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Cláusulas suelo : ¿Podré recuperar mi dinero?
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Cláusulas suelo : ¿Podré recuperar mi dinero?

Está claro que la sentencia dictada por nuestro más alto Tribunal el 9 de mayo de 2013 ha marcado un antes y un después en lo que a las denominadas  “cláusulas suelo” se refiere. De hecho, desde entonces, ha habido toda una oleada de sentencias favorables a los consumidores de productos financieros.

Uno de los temas más candentes de esta sentencia, es el hecho de que exista una limitación en el tiempo para devolver las cantidades indebidamente cobradas por la aplicación de la cláusula suelo. En efecto, el consumidor no podría recuperar el dinero abonado por dicha cláusula suelo con anterioridad a la sentencia de 9 de mayo de 2013.

A juicio del Tribunal Supremo, decretar la devolución ilimitada- desde que se firmó el contrato hipotecario- generaría un impacto insalvable y altamente perjudicial para la economía financiera.

Pero las cosas parece que están cambiando. Pese al ánimo reiterativo marcado por el Tribunal Supremo- STS 25 de marzo de 2015- en defensa de la devolución de cantidades desde mayo de 2013, el Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Vic, Gómez Arbona, ha condenado, por sentencia de 26 de enero de 2016, a una entidad bancaria a devolver todo lo pagado por la cláusula suelo de un préstamo hipotecario cuya celebración tuvo lugar el 29 de junio de 2012. El fallo entiende que no existe riesgo para la solvencia del sistema financiero, ya que las circunstancias han mejorado notablemente.

Además, el Juzgado nº 1 de lo Mercantil de Granada, en el asunto Cajasur vs  Francisco Gutiérrez Naranjo, presentó una cuestión prejudicial, elevando una consulta a la Comisión Europea para que se pronuncie acerca de si  la devolución de cantidades indebidamente cobradas debe efectuarse desde que el injusto se generó o  desde el fallo de la sentencia del Tribunal Supremo.

Este asunto, tras ser admitido, se puso en manos de los agentes de la Unión Europea Deyan Roussanov y Napoleón Ruiz García, encargados de realizar unas primeras alegaciones. Con un marcado carácter proteccionista, que  se mantienen en la línea europea, ya abierta desde el debate en la sentencia AZIZ sobre la interpretación del artículo 6.1 de la Directiva 93/13/CE, se pronuncian: “Además, insistimos, esta interpretación (que la nulidad de la abusividad surte efectos desde el minuto cero) coincide plenamente con los efectos de nulidad de pleno Derecho previstos en el ordenamiento jurídico español”.

A la espera del informe definitivo acerca de esta cuestión, todo parece indicar que los deseos de la comunidad jurídica, que anhela la devolución desde el inicio de la imposición de la clásula abusiva, pueden hacerse realidad en un plazo no muy lejano.

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¿Qué supone la prohibición de la transferencia de datos a EEUU?

Recientemente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado no válido el sistema de transferencias internacionales de datos a EEUU, conocido como “Safe Harbour”, ya que el Tribunal entiende que se vulnera la privacidad de los datos de los ciudadanos. Y es que la legislación estadounidense, lugar donde se almacenan cientos de datos, no son tan garantistas ni proteccionistas como las nuestras en cuanto a la protección de datos y la privacidad.

Según el Tribunal, las políticas existentes en EEUU de conservación de datos personales en relación con el interés general y la seguridad nacional, no cumplen con lo exigido por la Unión Europea. Ya que las propias agencias estatales y los organismos gubernamentales norteamericanos pueden acceder a los datos de ciudadanos europeos en base a la seguridad nacional, el interés público y el cumplimiento de la Ley de Estados Unidos.

A día de hoy, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) aceptaba la mera notificación, sin necesidad de solicitar autorización, de la transferencia a Estados Unidos por parte del responsable del fichero, siempre que la empresa importadora de los datos estuviera adherida al programa de Puerto Seguro. Después de la aparición de esta sentencia surgen muchas dudas y cuestiones, como las medidas que las autoridades de protección de datos nacionales tomarán respecto de las transferencias internacionales a EEUU ya autorizadas o las que vayan a ser solicitadas en el futuro.

 

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¿Cómo actuar frente a las estafas en internet?

Esta época del año en la que se producen una gran cantidad de compras, muchas de ellas a través de la Internet, es el momento en que los ciberdelicuentes aprovechan para llevar a cabo un gran número de estafas de distinta naturaleza.

Las falsificaciones son la estafa más habitual para todos aquellos que hacen sus compras en la red. Muchos piensan que al ser estafados en Internet no hay nada que hacer, pero no es así, el procedimiento es el mismo que si la estafa hubiese ocurrido en la calle.

Para recuperar el dinero el afectado puede interponer una denuncia, siendo la vía más habitual en los casos en los que las cantidades son bajas, ya que no es necesario que el afectado se persone como parte, por lo que no necesita contratar abogado ni procurador. Pudiendo presentar esta denuncia en la comisaría más cercana a su domicilio, en el cuartel de la Guardia Civil o en un juzgado de guardia.

Los ciberdelicuentes suelen ampararse detrás del anonimato que les concede Internet, por ello, es muy importante que dejemos en manos de los peritos informáticos, que pertenecen a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la labor de descubrir quién está detrás siguiendo las huellas digitales que dejan los estafadores, facilitándoles todos los datos posibles.

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¿Sabes qué es el derecho de desistimiento de los consumidores?

El derecho de desistimiento cobra cada día una mayor importancia por la cada vez mayor expansión de las compras a través de Internet. Mediante el ejercicio de este derecho se trata de proteger al consumidor que adquiere un producto o servicio, que no ha podido ver o probar, dándole un plazo prudencial para que pueda probar y decidir si quiere o no el producto o servicio.

Este derecho facilita al comprador de un plazo mínimo de catorce días naturales para desistir del contrato sin penalización alguna y sin tener que dar ningún tipo de motivo.

Es de especial relevancia tener en cuenta este derecho ya que en los casos de no cumplir con su deber de información y documentación, el plazo para ejercer este derecho pasa a ser de 12 meses después de la fecha de expiración del periodo de desistimiento inicial.

Establece limitaciones eso sí para algunos supuestos como en los casos en que el producto o servicio se haya confeccionado bajo la personalización del consumidor, cuando se trate de discos, vídeos o programas informáticos desprecintados o susceptibles de ser copiados y en los contratos de suministro de prensa o publicaciones.

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