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Directivos y becarios cuentan en los despidos colectivos
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Directivos y becarios cuentan en los despidos colectivos

Los altos cargos y el personal directivo, así como los becarios o personal en formación, aunque no cobren una retribución directamente de la empresa, han de ser tenidos en cuenta en el cómputo a la hora de contabilizar los trabajadores despedidos necesarios para que se considere como colectivo.

Viene establecido por una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 9 de julio de 2015, que resuelve una cuestión prejudicial planteada por un juzgado de lo social de Verden (Alemania), tras haber denunciado un trabajador su despido por parte de la empresa sin que esta se hubiese acogido al procedimiento de despido colectivo.

Esta sentencia es de especial relevancia porque sus argumentos pueden servir de aplicación a los conflictos que puedan surgir en España, en relación con los directivos o los trabajadores en prácticas o becarios. Ya que el concepto trabajador viene determinado por el Derecho comunitario para garantizar así los derechos de los empleados que ofrece la Directiva comunitaria 98/59 en los procesos de despido colectivo.

Resuelve que en el caso de los miembros de un órgano de dirección no se puede excluir por sí sólo la condición de trabajador. Ya que este recibe una retribución, presta servicios para la sociedad, ejerce su actividad bajo la dirección o control de otro órgano de la sociedad y puede ser destituido de sus funciones sin limitación, cumpliendo así los requisitos para ser calificado como trabajador.

En el caso de los empleados en prácticas, el razonamiento es similar, la sentencia expone que el concepto de trabajador en el Derecho de la Unión comprende también a las personas que desarrollan una actividad en prácticas, sin que esta condición se vea afectada por la menor productividad o el menor número de horas.

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Caracteres del procedimiento de conflicto laboral colectivo

El conflicto laboral colectivo surgirá cuando se dé una situación conflictiva o una controversia entre el empresario y una pluralidad de trabajadores, siempre que afecte a los intereses generales de éstos últimos. No podrá considerarse conflicto colectivo cuando sólo afecte a uno o varios trabajadores; y no se podrá plantearse para modificar lo pactado en convenio colectivo o por laudo arbitral.

Se formaliza por escrito, firmado y fechado, con los datos de las personas que lo plantean; debiendo ser presentado ante la Dirección provincial de Trabajo. Mientras que si excede el ámbito de una provincia se debe presentar ante el órgano de la Comunidad Autónoma o ante la Dirección General de Trabajo.

Para iniciarse el procedimiento de conflicto colectivo se hará exclusivamente por:

  • Aquellos representantes de los trabajadores, ya sean los comités de empresa, los delegados de personal o los sindicatos, por iniciativa propia o a instancia de los trabajadores. Si los trabajadores realizan el conflicto colectivo no podrán declarar la huelga. Pero si hubieran declarado primeramente la huelga, pueden desistir de ella y someterse a este procedimiento.
  • Los empresarios o sus representantes legales.

En el plazo de 24 horas tras la presentación del escrito, la autoridad laboral convocará a las partes para intentar lograr una avenencia entre las partes, requiriendo una mayoría simple. Unos acuerdos que poseen la misma eficacia que lo pactado en convenio colectivo.

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