Las evolución histórica de las leyes en nuestro país ha permitido que nuestros sistema jurídico se adapte a los tiempos y a otros países del entorno, en cuanto a la protección de la mujer embarazada, y en los últimos años también, en lo respectivo a la paternidad.

Ya nuestra constitución trata de establecer un marco jurídico de protección, incluyendo la no discriminación por razón de sexo como uno de los derechos fundamentales, así como la no discriminación en el contrato de trabajo o la protección a la familia y a los hijos.

Por su parte el Estatuto de los Trabajadores también intenta garantizar esta protección, articulando preceptos que buscan la igualdad de remuneración por razón de sexo, la reducción de jornada por cuidado de menor o la excedencia por cuidado de hijos, tanto para mujeres como para hombres. Además de ofrecer una especial protección en caso de despido cuando se esta bajo el periodo de maternidad o paternidad, existe riesgo durante el embarazo o la lactancia y en los casos de adopción, declarando nulo el despido.

Todas estas medidas que se han ido adoptando, especialmente la Ley de Igualdad de 2007, buscan de esta manera no sólo ya proteger los casos de maternidad y paternidad, si no también, que lleguemos a poder conciliar la vida familiar y profesional.