El 16 de noviembre, el diario Cinco Días sacaba a colación una noticia que pudiera parecer sorprendente y sobre la que cada, a mi nuestro modo de ver, una explicación a medias. 

El titular rezaba así: “Las empresas dejan sin gastar el 25% del dinero para la formación”. La primera reacción del lector poco avezado puede ser la de preguntarse sobre porqué en un momento de crisis, donde la formación puede ser un acicate para la mejora de la competitividad empresarial pueden dejar de usarse el 25% de los fondos de los que dispone “gratis” una empresa.

La entradilla intenta dar una justificación: “La obligación de cofinanciar los cursos o no querer desvelar su estrategia son algunas causas”. Desde luego, éstas pueden ser algunas causas pero, a nuestro modo de ver, no son ni con mucho la principal que “extrañamente” no aparecen ni siquiera en el cuerpo del artículo: la muerte premeditada de las empresas dedicadas a la formación empresarial, rebajando del 25% al 10% el porcentaje de gastos de organización en los créditos formativos.

En efecto, la cofinanciación (a pesar de ser mínima) puede ser un elemento disuasorio, mientras que “desvelar la estrategia formativa de las empresas” puede ser una razón en un porcentaje ínfimo de las empresas, de alto valor estratégico o tecnológico. Amén de que ambas causas serían fácilmente conjurables si hubiese voluntas política, creemos que la razón fundamental es la voluntad política de eliminar la actividad empresarial de la formación, que ha dado algún que otro espectáculo poco edificante por parte de un porcentaje mínimo de empresas, amén de embolsar a la Seguridad Social los fondos no utilizados para la formación.

Es claro que la pequeña y mediana empresa tiene su caballo de batalla en enfrentar los continuos problemas de la cotidianeidad y que, en un alto porcentaje de casos, eran las empresas de formación las que impulsaban a las mismas al desarrollo de planes formativos que cualificaran a sus empleados y aumentaran la competitividad de las mismas. Sin embargo, la administración ha tratado a justos como pecadores y ha extendido la presunción de fraude a todo el sector de la formación, rebajando el porcentaje que estas podían cobrar por su trabajo a menos de la mitad. Esto ha supuesto la práctica aniquilación de muchas empresas dedicadas a estas tareas, la pérdida de acciones formativas para las empresas y, de seguro, la pérdida de la competitividad del tejido empresarial de las PYMES.

Queda por ver si en esta crónica de una muerte anunciada del sector, muere la rabia (los defraudadores), que suele ser más persistente que el enfermo (el sector). Lo que sin duda esta claro es que esta política redundará en perjuicio del tejido empresarial y reportará pingües beneficios a la administración que se quedará con el dinero no gastado. 

Enlace a noticia de Cinco Días:

http://cincodias.com/cincodias/2015/11/13/economia/1447423921_667051.html