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¿Qué es el Convenio Regulador?
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¿Qué es el Convenio Regulador?

Mediante el documento conocido como Convenio Regulador, ambos cónyuges pactan, de mutuo acuerdo, las relaciones económicas y las relativas a los hijos en los casos de separación o divorcio.

Debe aportarse junto la demanda, siendo obligatorio si la separación o divorcio se solicita por ambos cónyuges de mutuo acuerdo o por uno teniendo el consentimiento del otro. Necesita la aprobación judicial para su validez, pero se le puede reconocer validez en aquellas cuestiones donde las partes tienen poder de disposición, pero para aquellas que tienen relación a los hijos menores de edad, necesitan de la aprobación del Juez mediante sentencia motivada.

Puede ser redactado por los cónyuges, aunque se recomienda que intervenga abogado y procurador para que los cónyuges estén informados de si los acuerdos tomados son legalmente posibles.

El convenio regulador debe contener:

La atribución de la guarda y custodia de los hijos.

• La determinación del régimen de visitas y comunicaciones que podrá disfrutar el cónyuge que no tenga la custodia, además de, en los casos que sea necesario, el establecimiento del régimen de visitas y comunicaciones de los nietos con sus abuelos.

• La atribución del uso de la vivienda y ajuar familiar.

• Las cantidades para el sostenimiento de las cargas del matrimonio y para el mantenimiento de los hijos en concepto de pensión de alimentos; así como los criterios para su actualización y las garantías, en su caso.

• En  caso de pensión compensatoria, la cantidad que uno de los cónyuges ha de satisfacer al otro por el desequilibrio económico derivado de la separación o divorcio o nulidad matrimonial.

En caso de que uno de los cónyuges, en proceso de mutuo acuerdo, no ratifique el convenio, se acuerda el inmediato archivo de las actuaciones, pudiendo promoverse más adelante un nuevo proceso contencioso. Además la falta de ratificación del convenio no le priva de eficacia en cuestiones donde las partes tienen poder de libre disposición (patrimoniales), pero sí es necesaria esa ratificación cuando son relativas a los hijos menores de edad.

Toda medida adoptada por el Juez en defecto de acuerdo, o aquellas que son convenidas por los cónyuges, podrán ser modificadas judicialmente o por nuevo convenio cuando se alteren de manera sustancial las circunstancias.

Si uno de los cónyuges incumple lo establecido en el Convenio Regulador ¿qué sucede? Esto es un tema a tratar en nuestra próxima entrada.

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El Ayuntamiento de Córdoba impulsa un proceso participativo para priorizar inversiones e infraestructuras

La Alcaldesa, Isabel Ambrosio, participó durante todo el proceso.

La Alcaldesa, Isabel Ambrosio, participó durante todo el proceso.

Conforme a lo anunciado a final de junio por la Alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio,  el Ayuntamiento ha abierto un proceso participativo preliminar a la creación de un Plan de Emprendimiento y Desarrollo Económico para la ciudad.

El citado proceso tiene como objeto determinar, al menos inicialmente, las ideas fuerza a tener en cuenta para el desarrollo económico y del empleo en la ciudad.

En dicho marco, el pasado viernes, 10 de julio, diversos agentes sociales y económicos de la ciudad  trabajaron, junto a los grupos municipales, uno de los ejes de dicho proceso: infraestructuras e inversiones. En los próximos días, se reunirán los otros dos ejes: nuevas economías y economías consolidadas.

En este primer eje, se detectaron las necesidades que los agentes sociales y económicos señalan como prioritarias y a tener en cuenta en los próximos presupuestos municipales y en la negociación con el resto de administraciones públicas.

Rich & asociados ha recibido la confianza del gobierno municipal para facilitar y dinamizar el trabajo participativo y la toma de decisiones en este proceso.

Maripaz Aguilera Otero, socia directora del Área de Consultoría, y David J. Pardo Arquero, socio director del Área Jurídica, lideran a un equipo de profesionales de la firma que aportarán todo el conocimiento necesario para el éxito del proceso.

Los agentes valoraron la facilitación realizada para fomentar la participación.

 

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Los caracteres especiales que otorgan validez al testamento ológrafo

El Testamento Ológrafo consiste en el testamento que el testador escribe por sí mismo. Tiene carácter de válido, siempre que se encuentre de acuerdo con los requisitos legales.

No es necesaria la intervención del Notario pero sí es recomendable la consulta a un abogado para su otorgamiento, ya que, se da una posible falsificación, desconocimiento, extravío o destrucción del mismo, además de las posibles incorrecciones jurídicas que puede realizar el testador cuando expresa su voluntad.

El testamento ológrafo puede otorgarlo las personas mayores de edad, con la necesidad de que sea escrito todo por el testador y firmado por el mismo, con expresión del año, mes y día en que se otorgue.

Debe estar escrito a mano, no pudiendo otorgarlo las personas que no saben leer ni escribir. Además de no admitirse la huella dactilar como sustitución de la firma, ni que firme un testigo en lugar del testador.

Sólo es necesaria una firma al final para la validez de todo el documento, sin la necesidad de firma en cada hoja del mismo.

La fecha debe escribirse por el testador, ya sea en números o letras. Sin la fecha es nulo el testamento.

Los extranjeros podrán otorgar testamento ológrafo en su propio idioma.

A law book with a gavel - Family law

El proceso de adopción con la nueva Ley de la Infancia

Con la nueva Ley de la Infancia el gobierno pretende reducir al mínimo la cifra de los pequeños que se encuentran en residencias o centros de acogida. Para ello, se establecen una serie de medidas para agilizar los trámites de custodia y adopción, además de proteger a los más pequeños:

  • La adopción abierta que consiste en que los pequeños adoptados pueden, en determinados casos, establecer un contacto con los miembros de la familia biológica. Será el juez quien debe tomar esta decisión tras oír al menor y a las 2 familias.
  • Un permiso paternal, en el cual si un pequeño se encuentra en situación de desamparo puede ser adoptado a los 2 años sin necesidad de permiso de los padres biológicos, si no se han tomado las medidas pertinentes para revertir la situación.
  • En el caso de que un pequeño es candidato a ser adoptado, puede empezar a convivir con la familia que la entidad pública que le custodie considere idónea. Así se conseguirá acortar el tiempo que los niños pasen en los centros para ser recibidos por una familia.
  • Los pequeños adoptados tendrán el derecho a conocer sus orígenes, mediante los registros de las Administraciones públicas de al menos 50 años.
  • Aquellas familias que tengan problemas económicos pueden entregar a sus hijos para ser tutelados por la administración durante 2 años, donde las Administraciones decidirán entregar el niño en acogimiento o adopción a una familia.
  • Se puede revertir la situación de desamparo declarada de un menor, por parte de los padres durante los 2 primeros años. Más adelante será el Ministerio Fiscal quien puede impugnar la declaración.
  • Se dará el permiso laboral para asistir a las sesiones formativas a aquellos futuros padres y madres de adopción o acogida que lo necesiten.
  • Aquellos hijos de mujeres víctimas de violencia de género son también considerados víctimas de malos tratos, debiendo los jueces tomar las medidas necesarias, previendo que estos niños permanezcan con sus madres. 
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Los requisitos reguladores para la adopción en España

El proceso de adopción supone el acto jurídico por el cual se crea entre dos personas un parentesco civil, derivando en relaciones análogas que resultan de la paternidad y la filiación por naturaleza. Con este parentesco civil se produce los efectos como si se tratara de una filiación matrimonial o extramatrimonial.

El adoptante sale de forma automática de su familia natural para incorporarse de pleno derecho en la familia adoptante, desapareciendo todos los derechos y obligaciones que tenía con la primera, así como el derecho a la herencia.

Para que el adoptante puede adoptar, es necesario que tenga la plena capacidad de obrar y con carácter general,  más de 25 años:

  • Cuando la adopción se lleva a cabo por una sola persona aparte de tener 25 años, debe tener más de 14 años que el adoptado.
  • Si se lleva a cabo la adopción por un matrimonio conjuntamente o sucesivamente por ambos, uno de ellos debe tener 25 años, pero ambos tener 14 años más que el adoptado.
  • Otro caso es el de las parejas de hombres y mujer unidas de forma permanente por relación de afectividad análoga a la conyugal.
  • Y por último, desde el año 2005 la aprobación de la adopción por parejas homosexuales.

Por otro lado, no pueden adoptar los incapacitados por sentencia de incapacitación (dictada por el juez) y los menores de edad.

Con las medidas recogidas tras la aprobación de la nueva Ley de la Infancia se agiliza el proceso de adopción. Unas medidas que trataremos en el próximo post.

Justice is served

¿Qué efectos produce la incapacitación judicial?

La incapacitación judicial es una negación de la capacidad de obrar, pero no de la capacidad jurídica que posee toda persona desde que nace. Por tanto, consiste en una negación de la capacidad de obrar en plena eficacia y validez de los actos jurídicos, es decir, ejercitar sus derechos y obligaciones.

Para poder llevar a cabo la incapacitación de una persona, es necesario que se realice mediante sentencia con proceso judicial y que medien causas de incapacitación acreditadas, para ello:

  • La persona objeto de incapacitación debe padecer una enfermedad o deficiencia física o psíquica. El estado de esta persona debe mermar en su personalidad, deteriorándola y afectando en su decisión volitiva y de decisión, inhabilitándole en el ejercicio de sus derechos civiles.
  • Debe persistir en él la enfermedad o deficiencia para el autogobierno, además de tener cierta duración y permanencia. En cuanto a su ausencia de autogobierno, nos referimos a la ausencia de posibilidad, de habilidad o facilidad de entendimiento. 

Se puede extender la incapacitación judicial de la persona a la guarda y la protección de la persona incapaz y sobre sus bienes conjuntamente, o sólo sobre la persona o sus bienes.

¿Por quién puede realizarse la protección?

La protección puede realizarse mediante la tutela, la curatela o el defensor judicial.

Para el nombramiento del tutor del incapaz es necesario que se realice judicialmente, cuyo orden de preferencia se establecerá por la ley.

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Caracteres del procedimiento de conflicto laboral colectivo

El conflicto laboral colectivo surgirá cuando se dé una situación conflictiva o una controversia entre el empresario y una pluralidad de trabajadores, siempre que afecte a los intereses generales de éstos últimos. No podrá considerarse conflicto colectivo cuando sólo afecte a uno o varios trabajadores; y no se podrá plantearse para modificar lo pactado en convenio colectivo o por laudo arbitral.

Se formaliza por escrito, firmado y fechado, con los datos de las personas que lo plantean; debiendo ser presentado ante la Dirección provincial de Trabajo. Mientras que si excede el ámbito de una provincia se debe presentar ante el órgano de la Comunidad Autónoma o ante la Dirección General de Trabajo.

Para iniciarse el procedimiento de conflicto colectivo se hará exclusivamente por:

  • Aquellos representantes de los trabajadores, ya sean los comités de empresa, los delegados de personal o los sindicatos, por iniciativa propia o a instancia de los trabajadores. Si los trabajadores realizan el conflicto colectivo no podrán declarar la huelga. Pero si hubieran declarado primeramente la huelga, pueden desistir de ella y someterse a este procedimiento.
  • Los empresarios o sus representantes legales.

En el plazo de 24 horas tras la presentación del escrito, la autoridad laboral convocará a las partes para intentar lograr una avenencia entre las partes, requiriendo una mayoría simple. Unos acuerdos que poseen la misma eficacia que lo pactado en convenio colectivo.

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¿Qué prestaciones por desempleo puede cobrar el trabajador fijo-discontinuo?

El trabajador con contrato fijo-discontinuo, aún tratándose de un contrato indefinido, está en una situación de desempleo a efectos de paro cuando está en una situación de inactividad. Y una vez que reinicie su actividad, podrá detener la prestación por desempleo hasta el siguiente período en que el contrato esté en suspenso.

Puede cobrar las prestaciones de desempleo una vez finalizada definitivamente su relación laboral con la empresa por causa involuntaria, o cuando se suspenda o reduzca la jornada laboral por Expediente de regulación de Empleo. Al igual que el resto de los trabajadores debe tener acumulado al menos un año de cotización por desempleo.

Este tipo de trabajadores poseen una serie de diferencias respecto al resto:

  • Cuentan con un trato de favor a la hora de ejercer el derecho de opción. Un derecho por el que el trabajador puede optar a reanudar la prestación antigua que tenía reconocida antes y la nueva que habría obtenido con la cotización del trabajo que ha realizado.
  • Cuando acceden a la prestación por desempleo, no pueden compatibilizar esta prestación con el trabajo a tiempo parcial cuando hayan vuelto a emprender la actividad.
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La modalidad del contrato fijo-discontinuo

El contrato fijo-discontinuo es un tipo de contrato indefinido concertado para llevar a cabo trabajos que no se repitan en fechas ciertas, dentro del volumen normal de la actividad en la empresa. Viene regulado en el punto 8 del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores y su característica principal es la imprevisibilidad para determinar la fecha de realización de los trabajos.

Debe fijarse por escrito, figurando la duración estimada de la actividad a realizar por el trabajador, la forma y orden de llamamiento que establezca el convenio colectivo de aplicación y la jornada laboral estimada y su distribución horaria.

En caso de incumplimiento al orden y forma de llamada por convenio colectivo, el trabajador puede reclamar por despido improcedente ante la jurisdicción competente, con un plazo de 20 días hábiles desde que tuviese conocimiento de la falta de convocatoria.

Cuando se produce el llamamiento es posible que ocurran una serie de situaciones:

  • Cuando el trabajador no pueda acudir por causa de fuerza mayor, conservará el derecho a ser llamado en las próximas temporadas.
  • Si el trabajador se encuentra en situación de incapacidad laboral, la empresa deberá incorporarlo al llamamiento, porque sino sería un despido improcedente.
  • En caso de que el trabajador no acuda al llamamiento de manera voluntaria, finalizaría la relación laboral y no tendría derecho a indemnización por despido ni a desempleo.
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Rich & Asociados actualiza su orientación estratégica

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Rich & asociados comienza la implementación del proceso de reorientación estratégica para sus próximos 3 años.

El proceso ha sido liderado por David J. Pardo Arquero, socio director de la firma, en el marco del programa Factoría de la Innovación, desarrollado con el apoyo de la Escuela de Organización Industrial (EOI) y Deloitte.

En los próximos meses nuestra firma iniciará acciones destinadas a la fidelización de clientes, desarrollo de su equipo humano, mejora de procesos y estudio de su mercado natural y otros potenciales, para desarrollar acciones de marketing específicas y exclusivas para nuestros clientes.

Rich & asociados inició su trabajo en línea de orientación estratégica en el año 2003 y viene actualizando dicho proceso de forma trienal.

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