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¿Quién debe hacer la declaración de la Renta?
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¿Quién debe hacer la declaración de la Renta?

Esta semana se ha abierto el plazo para realizar y presentar la declaración de la Renta 2015 a la Agencia Tributaria, que se extenderá hasta el próximo 30 de junio y, por el momento, solo podrá realizarse por vía telemática. A partir del día 10 de mayo, los contribuyentes podrán cubrir su borrador y entregarlo de forma presencial con cita previa.

Una de las dudas que acompaña todos los años a esta campaña es quién está obligado a declarar y quién no de forma legal. Con carácter general, están obligados a presentar su declaración todos aquellos cuyos rendimientos de trabajo superen los 22.000 euros brutos anuales procedentes de un único pagador. En el caso de que se perciban rendimientos de varios supuestos, la cuantía se reducirá hasta los 12.000 euros.

Además, todos los contribuyentes deben cumplir una serie de requisitos:

  • Tener residencia en España. Tiene que permanecer un mínimo de 183 días.
  • Que radique en España el núcleo principal o base de actividades empresariales o profesionales o de sus intereses económicos.
  • Las personas físicas con nacionalidad española pero con residencia en el extranjero por su participación en misiones diplomáticas. 

Casi todas las excepciones sobre la entrega de documentos y por las que es posible no tener que realizar este trámite sin incumplir la ley ni enfrentarse a sanciones posteriores dependerán en su mayoría de la cuantía de ingresos y su procedencia.  

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Despido disciplinario: Qué es y cómo se produce

El despido disciplinario es un despido individual en el que el empresario decide prescindir de los servicios de un trabajador y, por lo tanto, cesar su contrato con motivo de un incumplimiento grave.

Tiene efecto en el momento en el que el trabajador conoce la situación. La carta de despido hará oficial la rescisión y tendrá que contener la causa, ya sea grave o muy grave, la fecha en que debe hacerse efectivo y la justificación de que el empresario le ha hecho llegar dicha carta al trabajador.

Se pueden sancionar aquellas conductas que supongan un incumplimiento de las obligaciones del trabajador registradas en su contrato pero nunca una conducta relacionada con la vida privada o ejercicio legítimo, como los derechos del trabajador.

Dicho incumplimiento debe constar de la suficiente gravedad como para poder hacer efectivo el despido, pues una falta leve no puede justificarse en un despido disciplinario. Se deberá considerar también el grado de voluntariedad, ya que, cualquier falta de diligencia del trabajador en sus obligaciones, supondrá un incumplimiento culpable.

El empresario deberá escuchar a los delegados o representantes sindicales antes de proceder a entregar la carta en el caso de que el trabajador esté afiliado a un sindicato. Si a quien quiere despedir es a un representante de los trabajadores, tendrá que abrir un expediente previo a la carta para proceder al despido.

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Diferencias entre herencia y legado

Herencia y legado son a menudo dos términos que fácilmente llegan a confundirse. Sin embargo, en la práctica, distan bastante uno de otro, por eso os ofrecemos algunas de las diferencias básicas que nos ayudan a entender mejor ambos significados.

El recibidor de la herencia siempre será el heredero, aquella persona que sucede al difunto en titularidad tanto de bienes como de deudas, a título universal y adquiriendo tanto los derechos como las obligaciones que no se extingan tras la muerte. En el legado, el legatario adquiere solo bienes concretos sin responder del pasivo de la herencia.

La posición de heredero podrá provenir de ley además de la voluntad del causante, mientras el legatario solo procederá de la voluntad establecida en el testamento.

En cuanto a las responsabilidades, el heredero responderá a las deudas del causante, al contrario que el legatario, que no debe hacerse cargo de las deudas y cargas del legado salvo en casos especiales.

La herencia se produce forzosamente tras la muerte de un individuo, esto quiere decir que, en el caso de que no exista testamento, se aplicará la ley para indicar a los herederos. El legado únicamente se produce por la voluntad del testador.

Por último, la herencia se acepta o se rechaza, mientras que el legado se adquiere sin aceptación previa. Serán los herederos o el albacea los encargados de entregar el legado al legatario.

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La acreditación como pareja de hecho

Una vez realizada legalmente la unión como pareja de hecho entre dos personas a través del registro, la forma más sencilla de acreditarlo es a través de la entrega de documentos certificados y pruebas.

Se puede realizar gracias a las capitulaciones paramatrimoniales y declaraciones de convivencia efectuadas ante notario, que acreditan la legalidad de la unión desde la fecha de la firma. De alcance similar serían los contratos privados, bancarios, de apertura de cuentas corrientes o tarjetas de crédito, tanto si existe una disposición conjunta del patrimonio común como si se pactan las relaciones económicas de la pareja.

Los contratos de arrendamiento, compra o venta de bienes también demostrarían la existencia de una vida en común, que es el requisito básico y principal solicitado para consolidar la unión.

Para registrarse como pareja de hecho es necesario que los susodichos convivan al menos durante dos años. Esto significa que el empadronamiento y el domicilio fiscal también valdrían para demostrar la unión bajo el mismo techo.

También acreditarían la validez la cartilla de la Seguridad Social, el Registro de Uniones de Hecho, la existencia de testigos o hijos comunes, de la misma forma que serviría el Libro de Familia expedido por el Registro Civil.

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Requisitos para formar pareja de hecho

Aunque la opción de unión favorita por la mayoría de españoles sigue siendo el matrimonio, tanto por la iglesia como por el juzgado, muchos formalizan su relación de forma legal como pareja de hecho. Las diferencias entre ambas residen principalmente en cuestiones hereditarias, fiscales y de liquidación del patrimonio común. Sin embargo, el vínculo afectivo entre ambos tipos de pareja no dista uno de otro.

Para contraer unión como pareja de hecho se puede acudir a un notario o al Registro de Parejas de Hecho. Puedes pasar a formar pareja de hecho a través de una escritura notarial, que es un documento establecido ante notario que constata el contrato entre las dos personas. Para inscribirte en el registro necesitarás cumplir unos requisitos mínimos de legalidad, como ser mayor de edad o menor emancipado, presentar tu estado civil o cumplir con un periodo de convivencia mínimo y variable dependiendo de tu lugar de residencia.

Una vez cumplimentados los registros y terminado el proceso, la pareja quedará constituida formalmente como pareja de hecho y solo podrá extinguirse por una de las siguientes causas:

  • Fallecimiento de uno de los convivientes.
  • Mutuo acuerdo de las partes.
  • Decisión unilateral de uno de ellos o abandono del domicilio común.
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Jornada sobre bullying o acoso escolar.

saraSara Prieto, socia y abogada de la firma impartió una ponencia sobre acoso escolar en las aulas en el marco de la Escuela de Padres del Colegio Compañía de María de Puente Genil.

En el transcurso del mismo, al que asistieron varias decenas de padres, la ponente fue desgranando el concepto de acoso escolar, que características tiene el mismo, cómo se puede detectar por padres y docentes y qué medidas preventivas pueden adoptarse en estos casos.

Sara Prieto, es responsable del Área de derecho administrativo e Instituciones, de nuestra firma y tiene una dilatada experiencia como asesora de instituciones educativas.

 

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¿Qué es el acto de conciliación?

Dentro del ámbito laboral, sin llegar a la necesidad de una demanda judicial, existe la opción de acudir a un acto de conciliación para tratar un problema o desacuerdo (como puede ser un despido, una sanción o una deuda) entre el empleado y la empresa sin la intervención de un juez. El acto se realiza en los servicios de conciliación de cada Comunidad Autónoma, donde el trabajador tiene el derecho de presentar una papeleta escrita, ya sea un texto propio o un formulario a rellenar, como prueba física a la hora de presentar las quejas formales.

Siempre es recomendable contar con el asesoramiento de un abogado experto en derecho laboral, pues no resulta nada sencillo formular correctamente las peticiones sin conocimientos jurídicos. Tras la entrega, el Servicio Autonómico será el encargado de citar al trabajador y a la empresa para acudir al acto de conciliación. En muchas ocasiones, este momento coincide con aquel en que la empresa se entera de que uno de sus empleados ha manifestado una reclamación, ya que recibe la citación con el día y el lugar exacto en el que deberán encontrarse.

Durante el encuentro puede llegarse a un acuerdo o no. En caso de no alcanzarlo, el empleado puede presentar una demanda ante el juzgado de lo correspondiente.

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José Rafael Rich, miembro de la Comisión de Asuntos Legales de la COMECE

José Rafael Rich Ruiz, abogado y presidente del despacho Rich & Asociados, ha sido nombrado miembro de la Comisión de Trabajo de Asuntos Legales en la Comisión de las Conferencias Episcopales en la Comunidad Europea (COMECE), una organización de la Iglesia Católica formada por los Obispos delegados de las 27 Conferencias Episcopales de los países de la Unión Europea y con Secretaría permanente en Bruselas.

Rich, también Secretario Técnico de Enseñanza en la Asamblea de Obispos del Sur de España, representará a la Conferencia Episcopal Española en una comisión en la que actualmente no había ningún delegado del país. Tendrá que cumplir con los objetivos de supervisar y analizar los procesos políticos de la Unión Europea y los desarrollos legales en todas las áreas de interés para la Iglesia.

Otro de los objetivos será el de informar y sensibilizar a la Iglesia sobre las políticas y legislaciones de la UE, así como mantener el diálogo con todas sus diferentes instituciones: Comisión Europea, Consejo de Ministros y Parlamento Europeo. Todo esto se realizará a través de las reuniones de la cumbre anual de líderes religiosos, seminarios y conferencias.

El nombramiento de José Rafael, director del Departamento Jurídico de Escuelas Católicas de Andalucía, cubre la baja de un representante español en la Comisión de Trabajo de Asuntos Legales y, por lo tanto, tendrá que viajar a Bruselas para reunirse y abordar temas de ámbito comunitario.

El presidente de Rich & Asociados, además de mantener una estrecha relación con la Iglesia, también tiene una larga carrera como docente universitario, formando parte del claustro de la Loyola Leadership School, de la Universidad Loyola de Andalucía, en el ámbito de habilidades directivas. Es colaborador en el Área de Derecho Mercantil de la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba y Co-director del Máster de Dirección y Gestión Estratégica de Recursos Humanos.

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Las medidas de apoyo para los profesionales autónomos

Con la aprobación por parte del Consejo de Ministros de las medidas de apoyo para los autónomos, se busca mejorar la situación de estos profesionales privados: favoreciendo la iniciativa privada e intentar que aumenten el número de profesionales de este sector, así como promover la economía social mediante bonificaciones, donde en las cooperativas y sociedades laborales puedan entrar nuevos socios trabajadores y se facilite también que las empresas contraten personas que estén en riesgo o exclusión social.

Las principales medidas de apoyo para los profesionales autónomos son:

  • Una ampliación de edad para cobrar la prestación de desempleo al mismo tiempo de estar dado de alta como autónomo, durante un máximo de 9 meses. Limitación que se extiende a todos los grupos de edad para que el emprendedor tenga cierta seguridad para el inicio de su negocio.
  • Capitalización de prestación por desempleo. Disponen de un capital inicial para invertir en la nueva actividad solicitándose desde un inicio el 100%, bien solo una parte y la otra se puede usar para el pago de las cuotas que correspondan a la Seguridad Social, o destinar el 100% al pago de estas cuotas. Se amplía el plazo de recuperación del pago periódico hasta los 60 meses para percibir la prestación mensualmente, en caso de no capitalizar toda la prestación.
  • El aumento de capacidad de interlocución a organizaciones de autónomos. Además de capacidad de contratación, a los autónomos económicamente dependientes (TRADE).
  • Opción de aplazamiento de cobro, con máximo de 5 años, para los autónomos que no quieran capitalizar la prestación ni compatibilizarla con el principio de la andadura empresarial. Así pueden disponer de un fondo al que recurrir en caso de que el negocio de inicio no fuera correcto.
  • Un mantenimiento y ampliación de la Tarifa plana. Se beneficia a los autónomos que tienen tarifa plana de 50 euros (cuota de régimen de autónomos, RETA) en los 6 primeros meses a la Seguridad Social. Pueden seguir disfrutando los autónomos menores de 30 años y los mayores que no hayan sido nunca autónomos o no lo hayan sido en los últimos 5 años aún contratando a un trabajador. La cuota aumentará cada 6 meses y se abonará transcurridos 18 meses desde el momento de alta en el RETA. Aquellas personas que fueran víctimas de violencia de género o terrorismo o personas con discapacidad, pueden acogerse a la tarifa plana durante un período de 1 año.
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La legalidad del pacto de no concurrencia

Al igual que el pacto de no competencia que tratamos en la anterior entrada, el pacto de no concurrencia viene recogido en el artículo 21 del Estatuto de los Trabajadores y  tiene como objeto la protección de la actividad empresarial cuando se estime la posibilidad de concurrencia desleal del empleado a lo largo de la relación laboral.

Consistente en un acuerdo entre el empleado y la empresa, en él se establece una limitación a la actividad del trabajador, quedando bloqueado en el desempeño de las funciones en otra empresa o por cuenta propia, en caso de que su actividad pueda entrar en conflicto con los intereses del actual empresario.

Su celebración puede realizarse como pacto individual entre las partes en cualquier momento durante la relación laboral, cuando se firme el contrato de trabajo o durante su vigencia.

Por lo general, este tipo de pactos se celebran con los trabajadores que vayan a ocupar puestos de responsabilidad con información confidencial.

Los trabajadores pueden rescindir este pacto en cualquier momento de vigencia, previa comunicación por escrito al empresario y con antelación de 30 días.

En caso de que se incumpla este pacto se debe indemnizar a la empresa por daños y perjuicios, pudiendo estar la cuantía a indemnizar establecida en el pacto o fijada con posterioridad.

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