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¿Qué es el acto de conciliación?
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¿Qué es el acto de conciliación?

Dentro del ámbito laboral, sin llegar a la necesidad de una demanda judicial, existe la opción de acudir a un acto de conciliación para tratar un problema o desacuerdo (como puede ser un despido, una sanción o una deuda) entre el empleado y la empresa sin la intervención de un juez. El acto se realiza en los servicios de conciliación de cada Comunidad Autónoma, donde el trabajador tiene el derecho de presentar una papeleta escrita, ya sea un texto propio o un formulario a rellenar, como prueba física a la hora de presentar las quejas formales.

Siempre es recomendable contar con el asesoramiento de un abogado experto en derecho laboral, pues no resulta nada sencillo formular correctamente las peticiones sin conocimientos jurídicos. Tras la entrega, el Servicio Autonómico será el encargado de citar al trabajador y a la empresa para acudir al acto de conciliación. En muchas ocasiones, este momento coincide con aquel en que la empresa se entera de que uno de sus empleados ha manifestado una reclamación, ya que recibe la citación con el día y el lugar exacto en el que deberán encontrarse.

Durante el encuentro puede llegarse a un acuerdo o no. En caso de no alcanzarlo, el empleado puede presentar una demanda ante el juzgado de lo correspondiente.

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José Rafael Rich, miembro de la Comisión de Asuntos Legales de la COMECE

José Rafael Rich Ruiz, abogado y presidente del despacho Rich & Asociados, ha sido nombrado miembro de la Comisión de Trabajo de Asuntos Legales en la Comisión de las Conferencias Episcopales en la Comunidad Europea (COMECE), una organización de la Iglesia Católica formada por los Obispos delegados de las 27 Conferencias Episcopales de los países de la Unión Europea y con Secretaría permanente en Bruselas.

Rich, también Secretario Técnico de Enseñanza en la Asamblea de Obispos del Sur de España, representará a la Conferencia Episcopal Española en una comisión en la que actualmente no había ningún delegado del país. Tendrá que cumplir con los objetivos de supervisar y analizar los procesos políticos de la Unión Europea y los desarrollos legales en todas las áreas de interés para la Iglesia.

Otro de los objetivos será el de informar y sensibilizar a la Iglesia sobre las políticas y legislaciones de la UE, así como mantener el diálogo con todas sus diferentes instituciones: Comisión Europea, Consejo de Ministros y Parlamento Europeo. Todo esto se realizará a través de las reuniones de la cumbre anual de líderes religiosos, seminarios y conferencias.

El nombramiento de José Rafael, director del Departamento Jurídico de Escuelas Católicas de Andalucía, cubre la baja de un representante español en la Comisión de Trabajo de Asuntos Legales y, por lo tanto, tendrá que viajar a Bruselas para reunirse y abordar temas de ámbito comunitario.

El presidente de Rich & Asociados, además de mantener una estrecha relación con la Iglesia, también tiene una larga carrera como docente universitario, formando parte del claustro de la Loyola Leadership School, de la Universidad Loyola de Andalucía, en el ámbito de habilidades directivas. Es colaborador en el Área de Derecho Mercantil de la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba y Co-director del Máster de Dirección y Gestión Estratégica de Recursos Humanos.

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Las medidas de apoyo para los profesionales autónomos

Con la aprobación por parte del Consejo de Ministros de las medidas de apoyo para los autónomos, se busca mejorar la situación de estos profesionales privados: favoreciendo la iniciativa privada e intentar que aumenten el número de profesionales de este sector, así como promover la economía social mediante bonificaciones, donde en las cooperativas y sociedades laborales puedan entrar nuevos socios trabajadores y se facilite también que las empresas contraten personas que estén en riesgo o exclusión social.

Las principales medidas de apoyo para los profesionales autónomos son:

  • Una ampliación de edad para cobrar la prestación de desempleo al mismo tiempo de estar dado de alta como autónomo, durante un máximo de 9 meses. Limitación que se extiende a todos los grupos de edad para que el emprendedor tenga cierta seguridad para el inicio de su negocio.
  • Capitalización de prestación por desempleo. Disponen de un capital inicial para invertir en la nueva actividad solicitándose desde un inicio el 100%, bien solo una parte y la otra se puede usar para el pago de las cuotas que correspondan a la Seguridad Social, o destinar el 100% al pago de estas cuotas. Se amplía el plazo de recuperación del pago periódico hasta los 60 meses para percibir la prestación mensualmente, en caso de no capitalizar toda la prestación.
  • El aumento de capacidad de interlocución a organizaciones de autónomos. Además de capacidad de contratación, a los autónomos económicamente dependientes (TRADE).
  • Opción de aplazamiento de cobro, con máximo de 5 años, para los autónomos que no quieran capitalizar la prestación ni compatibilizarla con el principio de la andadura empresarial. Así pueden disponer de un fondo al que recurrir en caso de que el negocio de inicio no fuera correcto.
  • Un mantenimiento y ampliación de la Tarifa plana. Se beneficia a los autónomos que tienen tarifa plana de 50 euros (cuota de régimen de autónomos, RETA) en los 6 primeros meses a la Seguridad Social. Pueden seguir disfrutando los autónomos menores de 30 años y los mayores que no hayan sido nunca autónomos o no lo hayan sido en los últimos 5 años aún contratando a un trabajador. La cuota aumentará cada 6 meses y se abonará transcurridos 18 meses desde el momento de alta en el RETA. Aquellas personas que fueran víctimas de violencia de género o terrorismo o personas con discapacidad, pueden acogerse a la tarifa plana durante un período de 1 año.
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La legalidad del pacto de no concurrencia

Al igual que el pacto de no competencia que tratamos en la anterior entrada, el pacto de no concurrencia viene recogido en el artículo 21 del Estatuto de los Trabajadores y  tiene como objeto la protección de la actividad empresarial cuando se estime la posibilidad de concurrencia desleal del empleado a lo largo de la relación laboral.

Consistente en un acuerdo entre el empleado y la empresa, en él se establece una limitación a la actividad del trabajador, quedando bloqueado en el desempeño de las funciones en otra empresa o por cuenta propia, en caso de que su actividad pueda entrar en conflicto con los intereses del actual empresario.

Su celebración puede realizarse como pacto individual entre las partes en cualquier momento durante la relación laboral, cuando se firme el contrato de trabajo o durante su vigencia.

Por lo general, este tipo de pactos se celebran con los trabajadores que vayan a ocupar puestos de responsabilidad con información confidencial.

Los trabajadores pueden rescindir este pacto en cualquier momento de vigencia, previa comunicación por escrito al empresario y con antelación de 30 días.

En caso de que se incumpla este pacto se debe indemnizar a la empresa por daños y perjuicios, pudiendo estar la cuantía a indemnizar establecida en el pacto o fijada con posterioridad.

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