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Incentivos a la contratación de menores de 30 años (I)
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Incentivos a la contratación de menores de 30 años (I)

Recientemente el gobierno amplió la edad de aquellos que pueden acogerse al sistema de Garantía Juvenil, pasando de 25 hasta el límite de 30 años. De esta manera se trata de mejorar el problema de desempleo que sufre el colectivo más joven, facilitando además a las empresas su contratación, mediante una serie de incentivos y beneficios, haciendo que la contratación suponga un menor coste.

Contratación indefinida: Tarifa joven

Establece una bonificación de 300€ durante 6 meses en las cuotas empresariales a la Seguridad Social por la contratación indefinida de jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.  Esta medida exige mantener el nivel de empleo indefinido y el nivel de empleo total por parte de la empresa. Y mantener el empleo del trabajador durante al menos 6 meses desde el inicio del contrato.

Tarifa joven.

Establece un mínimo exento de la base de cotización por la contratación indefinida durante 24 meses, por lo que se reduce a su vez la cuota a pagar en concepto de cotización a la Seguridad Social por parte del empresario.  Para ello requiere que se mantenga el nivel de empleo tanto indefinido como total y mantener al trabajador durante el periodo que se disfrute de este incentivo.

En prácticas.

Cuenta con incentivos de hasta el 100%  en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes para la contratación de jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. El contrato no podrá ser inferior a seis meses ni exceder de dos años, siendo a jornada completa o parcial. La retribución del trabajador viene fijada por el convenio colectivo para los trabajadores en prácticas sin que pueda ser inferior al 60% o al 75% durante el primer o segundo año de vigencia del contrato respectivamente.

El joven, debe ser titulado universitario, de formación profesional de grado medio o superior o con títulos oficialmente reconocidos como equivalentes, o de certificados de profesionalidad.

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Las denuncias por delitos y estafas informáticas crecen de manera exponencial

El pasado martes en la Apertura del Año Judicial, se dio a conocer la Memoria de la Físcalia General del Estado que revela que las prácticas ilícitas en Internet crecieron un 71,2%en 2014, abarcando el 84% del total de las estafas cometidas.

Las estafas en Internet son los delitos informáticos que los ciudadanos denuncian con mayor frecuencia.  Son frecuentes, las ventas de productos o servicios de carácter fraudulento, el uso de técnicas de ingeniería social como el phising, la contratación fraudulenta de líneas telefónicas y los accesos inconsentidos  servicios de tarificación adicional, el uso irregular de tarjetas de crédito y actividades engañosas relacionadas con el juego online.

En relación a las redes sociales, estos son los datos más destacados del informe:

  • La Fiscalía ha detectado una pluralidad de comentarios ofensivos, humillantes o insultantes vertidos de forma indiscriminada en las redes sociales, poniendo en riesgo bienes jurídicos de carácter individual o colectivo.
  • En 2014, estas conductas dieron lugar a un total de 1.038 expedientes judiciales.
  • Cada vez se actúa más contra personas determinadas a las que se pretende humillar, acosar, amenazar, ofender o incluso desprestigiar públicamente causándoles un grave daño moral.
  • El carácter técnico del medio empleado complica la determinación del responsable criminal.
  • Los delitos de injurias y calumnias a funcionario público se han incrementado en un 64% respecto al año anterior.
  • La calificación jurídica de estos comportamientos puede hacerse como delito de amenazas, de coacciones, de injurias, e incluso como delitos contra la integridad moral.

La calificación jurídica de estos comportamientos puede hacerse como delito de amenazas, de coacciones, de injurias, e incluso como delitos contra la integridad moral.

 

 

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Los trayectos entre casa y el cliente se consideran horas de trabajo

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Los desplazamientos que los trabajadores sin centro de trabajo fijo o habitual realizan entre su domicilio y el primer o el último cliente de la jornada constituyen tiempo de trabajo. No computar como tiempo de trabajo esos desplazamientos sería contrario al objetivo de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores perseguido por el Derecho comunitario.

Así lo establece el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El fallo, dictado ayer, destaca que “en caso de que los trabajadores, como los que se encuentran en la situación examinada, carezcan de centro de trabajo fijo o habitual, el tiempo de desplazamiento que dichos trabajadores dedican a los desplazamientos diarios entre su domicilio y los del primer y del último cliente que les asigna su empresario constituye tiempo de trabajo en el sentido de la normativa europea”.

El TJUE considera que “los trabajadores que se encuentran en esa situación están ejerciendo su actividad o sus funciones durante todo el tiempo de esos desplazamientos”. El ponente de la sentencia, concluye que “los desplazamientos de los trabajadores para acudir a los domicilios o establecimientos de los clientes que les asigna su empresario son el instrumento necesario para ejecutar prestaciones técnicas en tales centros”.

Fuente: ElEconomista

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Si hay una suspensión el despido colectivo es nulo

Es nulo el despido individual o colectivo ejecutado por la empresa durante una suspensión de contratos en marcha, ya que el empleador no puede aplicar simultáneamente medidas de flexibilidad interna y externa, si las causas son las mismas, según se establece en una sentencia de la Audiencia Nacional, de 22 de octubre de 2015.

La consecuencia del fraude de Ley en los despidos colectivos, de su uso para fines distintos de los previstos en el ordenamiento jurídico, es su nulidad, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo (sentencias de 17 y 19 de febrero 2014), así como, para este mismo tipo de supuestos, la de 26 de marzo de 2014. Las demandas por ello son estimadas y el despido colectivo declarado nulo.

Dice el Alto Tribunal que, cuando está vigente una suspensión de contratos, amparada en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores, para que el despido pueda realizarse es preciso que la causa sea distinta y sobrevenida de la tenida en cuenta para la suspensión. Además, si se trata de la misma causa, que se haya producido un cambio sustancial y relevante en la motivación de la suspensión.

Aunque formalmente se aleguen como causa las pérdidas o la reducción de la cifra de negocios, los hechos probados “son concluyentes y la empresa manifiesta reiteradamente que se trata de un ajuste de la capacidad productiva” y que éste se viene produciendo por la vía del expediente de regulación temporal de empleo de suspensión de contratos.

Concluye, además, que la intención de la empresa es convertir el ajuste en definitivo acudiendo al despido colectivo, que en diversas ocasiones había planteado sin llegar a su ejecución por falta de liquidez para el pago de las correspondientes indemnizaciones.

El cambio de circunstancia alegado por la empresa es que el despido se hace ahora posible, por cuanto la empresa anteriormente no tendría capacidad financiera para atender las indemnizaciones previstas y es ahora, al obtener dicha financiación, cuando tiene la posibilidad real de ejecutar los despidos.

Fuente: El Economista

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