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El proceso de adopción con la nueva Ley de la Infancia
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El proceso de adopción con la nueva Ley de la Infancia

Con la nueva Ley de la Infancia el gobierno pretende reducir al mínimo la cifra de los pequeños que se encuentran en residencias o centros de acogida. Para ello, se establecen una serie de medidas para agilizar los trámites de custodia y adopción, además de proteger a los más pequeños:

  • La adopción abierta que consiste en que los pequeños adoptados pueden, en determinados casos, establecer un contacto con los miembros de la familia biológica. Será el juez quien debe tomar esta decisión tras oír al menor y a las 2 familias.
  • Un permiso paternal, en el cual si un pequeño se encuentra en situación de desamparo puede ser adoptado a los 2 años sin necesidad de permiso de los padres biológicos, si no se han tomado las medidas pertinentes para revertir la situación.
  • En el caso de que un pequeño es candidato a ser adoptado, puede empezar a convivir con la familia que la entidad pública que le custodie considere idónea. Así se conseguirá acortar el tiempo que los niños pasen en los centros para ser recibidos por una familia.
  • Los pequeños adoptados tendrán el derecho a conocer sus orígenes, mediante los registros de las Administraciones públicas de al menos 50 años.
  • Aquellas familias que tengan problemas económicos pueden entregar a sus hijos para ser tutelados por la administración durante 2 años, donde las Administraciones decidirán entregar el niño en acogimiento o adopción a una familia.
  • Se puede revertir la situación de desamparo declarada de un menor, por parte de los padres durante los 2 primeros años. Más adelante será el Ministerio Fiscal quien puede impugnar la declaración.
  • Se dará el permiso laboral para asistir a las sesiones formativas a aquellos futuros padres y madres de adopción o acogida que lo necesiten.
  • Aquellos hijos de mujeres víctimas de violencia de género son también considerados víctimas de malos tratos, debiendo los jueces tomar las medidas necesarias, previendo que estos niños permanezcan con sus madres. 
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Los requisitos reguladores para la adopción en España

El proceso de adopción supone el acto jurídico por el cual se crea entre dos personas un parentesco civil, derivando en relaciones análogas que resultan de la paternidad y la filiación por naturaleza. Con este parentesco civil se produce los efectos como si se tratara de una filiación matrimonial o extramatrimonial.

El adoptante sale de forma automática de su familia natural para incorporarse de pleno derecho en la familia adoptante, desapareciendo todos los derechos y obligaciones que tenía con la primera, así como el derecho a la herencia.

Para que el adoptante puede adoptar, es necesario que tenga la plena capacidad de obrar y con carácter general,  más de 25 años:

  • Cuando la adopción se lleva a cabo por una sola persona aparte de tener 25 años, debe tener más de 14 años que el adoptado.
  • Si se lleva a cabo la adopción por un matrimonio conjuntamente o sucesivamente por ambos, uno de ellos debe tener 25 años, pero ambos tener 14 años más que el adoptado.
  • Otro caso es el de las parejas de hombres y mujer unidas de forma permanente por relación de afectividad análoga a la conyugal.
  • Y por último, desde el año 2005 la aprobación de la adopción por parejas homosexuales.

Por otro lado, no pueden adoptar los incapacitados por sentencia de incapacitación (dictada por el juez) y los menores de edad.

Con las medidas recogidas tras la aprobación de la nueva Ley de la Infancia se agiliza el proceso de adopción. Unas medidas que trataremos en el próximo post.

Justice is served

¿Qué efectos produce la incapacitación judicial?

La incapacitación judicial es una negación de la capacidad de obrar, pero no de la capacidad jurídica que posee toda persona desde que nace. Por tanto, consiste en una negación de la capacidad de obrar en plena eficacia y validez de los actos jurídicos, es decir, ejercitar sus derechos y obligaciones.

Para poder llevar a cabo la incapacitación de una persona, es necesario que se realice mediante sentencia con proceso judicial y que medien causas de incapacitación acreditadas, para ello:

  • La persona objeto de incapacitación debe padecer una enfermedad o deficiencia física o psíquica. El estado de esta persona debe mermar en su personalidad, deteriorándola y afectando en su decisión volitiva y de decisión, inhabilitándole en el ejercicio de sus derechos civiles.
  • Debe persistir en él la enfermedad o deficiencia para el autogobierno, además de tener cierta duración y permanencia. En cuanto a su ausencia de autogobierno, nos referimos a la ausencia de posibilidad, de habilidad o facilidad de entendimiento. 

Se puede extender la incapacitación judicial de la persona a la guarda y la protección de la persona incapaz y sobre sus bienes conjuntamente, o sólo sobre la persona o sus bienes.

¿Por quién puede realizarse la protección?

La protección puede realizarse mediante la tutela, la curatela o el defensor judicial.

Para el nombramiento del tutor del incapaz es necesario que se realice judicialmente, cuyo orden de preferencia se establecerá por la ley.

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Caracteres del procedimiento de conflicto laboral colectivo

El conflicto laboral colectivo surgirá cuando se dé una situación conflictiva o una controversia entre el empresario y una pluralidad de trabajadores, siempre que afecte a los intereses generales de éstos últimos. No podrá considerarse conflicto colectivo cuando sólo afecte a uno o varios trabajadores; y no se podrá plantearse para modificar lo pactado en convenio colectivo o por laudo arbitral.

Se formaliza por escrito, firmado y fechado, con los datos de las personas que lo plantean; debiendo ser presentado ante la Dirección provincial de Trabajo. Mientras que si excede el ámbito de una provincia se debe presentar ante el órgano de la Comunidad Autónoma o ante la Dirección General de Trabajo.

Para iniciarse el procedimiento de conflicto colectivo se hará exclusivamente por:

  • Aquellos representantes de los trabajadores, ya sean los comités de empresa, los delegados de personal o los sindicatos, por iniciativa propia o a instancia de los trabajadores. Si los trabajadores realizan el conflicto colectivo no podrán declarar la huelga. Pero si hubieran declarado primeramente la huelga, pueden desistir de ella y someterse a este procedimiento.
  • Los empresarios o sus representantes legales.

En el plazo de 24 horas tras la presentación del escrito, la autoridad laboral convocará a las partes para intentar lograr una avenencia entre las partes, requiriendo una mayoría simple. Unos acuerdos que poseen la misma eficacia que lo pactado en convenio colectivo.

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